Objetivo
Comprender el concepto de la discrecionalidad en las Administraciones Públicas y la relación con el rendimiento de éstas, y con el control de la corrupción; entender la diferencia entre los actos discrecionales y los arbitrarios, así como identificar los factores que inciden en éstos; posicionar la discrecionalidad responsable como el elemento necesario para el buen funcionamiento de la administración moderna.
Introducción
El control del poder público en todas sus manifestaciones ha sido y será cuestión recurrente de estudio y análisis. La delegación por parte de la ciudadanía, que inevitablemente se produce de la toma de decisiones en los agentes públicos irá asociada siempre, en un sistema democrático, al control de la actividad de estos servidores para intentar reducir al máximo actividades, acciones o resoluciones que no sean consecuencia de la aplicación de las reglas del juego previamente establecidas, es decir la aplicación del Derecho.
No todos podemos participar en todo, ni las soluciones a las que se llegan son siempre los mejores frutos de una deliberación sin acotación temporal. Aún así, los servidores públicos (y entendemos por servidores públicos a aquellos trabajadores que desarrollan una actividad en la administración o gobierno) tienen limitaciones importantes que hay que tomar en cuenta.
En muchos países del mundo se constata un descenso en el nivel
de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas,
incluidas las locales. La dimensión de la desconfianza y las causas
del fenómeno, varían de un país a otro, en función
de la situación propia de cada uno de ellos. Algunos elementos
detonantes de estas situaciones son si duda, la opacidad en la gestión
y el descubrimiento de situaciones de malversación o incluso directamente
corrupción. El peligro o los peligros principales de esta situación
son:
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La respuesta a estos diferentes fenómenos no es simple, debe reunir varios elementos y ser universal, sin embargo, el primer paso hacia la recuperación de la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones que los representan, pasa por la recuperación de un nivel aceptable de comportamiento éticamente irreprochable por parte de los electos y servidores públicos.
Para ello será importante establecer métodos abiertos de coordinación, para fomentar la cooperación, intercambiar buenas prácticas (iniciativas que destacan por su eficiencia a la hora de aportar soluciones a problemas existentes) y acordar objetivos y orientaciones comunes para los Estados.
Instructores:
Alberto Leyton
Marcelo Lasagna
Meritxell batet