Un asunto de ética pública es el relativo a la discrecionalidad de los funcionarios de la administración pública para la toma de decisiones. En un sistema democrático, dichos funcionarios deben ejecutar las políticas públicas que los ciudadanos periódicamente, a través de elecciones, consideran deseables para la comunidad.

La instrumentación técnica y operativa de dichas políticas puede llevarse a cabo a través de diferentes formas y herramientas de gestión, cada una con diferentes implicaciones e impactos y cuya selección recae, en mayor o menor medida, en el ámbito de las decisiones discrecionales de los funcionarios públicos.

Por lo anterior, los códigos de conducta han proliferado como instrumento de la ética pública. Estos códigos pueden formalizarse ya sea mediante un documento legal a través de una declaración administrativa; asimismo, pueden referirse a la administración pública en su conjuntos (sea federal, estatal o municipal) o a cada uno de los órganos que la integran.