El Estado también participa de la definición del marco jurídico en que se desarrollan las proveedurías de la información pública, como:

Plan federal	Plan estatal		Plan municipal
Decretos de presupuesto de egresos		Leyes de ingresos
Informes anuales de gobierno		Otros instrumentos de publicidad gubernamental que legitiman la apertura de información al ciudadano

En México, el acceso a la información pública es un derecho constitucional de los ciudadanos, enmarcado en la vida democrática que implica disponer de los datos relevantes que inciden en su práctica productiva, o bien, en la prestación de servicios a la que está obligado el gobierno.

Para esto se cuenta con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (publicada el 11 de junio de 2002).