En el mundo se han adoptado diversos modelos para constituir las entidades encargadas de la fiscalización de los aparatos administrativos estatales.

El poder legislativo, en materia de control presupuestal y de cuenta pública, como parte de un sistema de pesos y contrapesos de poderes públicos, data de largo tiempo. Está vinculado a la presencia de órganos especializados para llevar a cabo dicha función, con soporte y directrices técnicas que permiten comprobar en qué medida se observan los lineamientos establecidos en el presupuesto general.

Por el tamaño y complejidad de su aparato administrativo, así como por su obligación de rendir cuentas al órgano fiscalizador, el Poder Ejecutivo se ve en la necesidad de instituir, dentro de su propia estructura, un órgano igualmente calificado en materia de auditorías, seguimiento contable y evaluación del desempeño.

Prácticamente la generalidad de los poderes ejecutivos estatales, así como de los municipios, cuentan con una dependencia a cargo de dichas funciones, la que denominan Secretaría de la Contraloría, o Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, o Secretaría de la Función Pública, entre otras denominaciones.